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Sociedad civil y gobernabilidad en el Perú y América Latina (página 2)



Partes: 1, 2

 

  1. La gobernabilidad encuentra en la literatura
    diferentes tratamientos conceptuales. Se le concibe como la
    capacidad social de trazar y lograr objetivos
    en organizaciones, localidades, naciones,
    regiones y personas. Es decir, que la capacidad de
    gobernabilidad es igualmente un concepto
    social como relacional que puede ser optimizado al generar
    sinergias positivas entre las entidades y sujetos
    involucrados en relaciones en ella.

    Los estudios acerca de la gobernabilidad de los
    sistemas
    sociales fueron motivados por las convulsiones que
    venían apareciendo tanto en los centros del poder
    mundial como en su periferia y que conducían a un
    severo cuestionamiento de la legitimidad de las estructuras y sujetos del poder
    político en los países centrales.

    El Informe de
    la Comisión Trilateral, publicado en 1975, se
    centró en esta categoría que es hoy un concepto
    central de las ciencias
    políticas aunque con profundas
    modificaciones que difieren sustancialmente de la
    visión original neoliberal. La gobernabilidad aparece
    en la literatura con el trilateralismo para dar cuerpo
    conceptual al proyecto
    político del neoliberalismo, pero hoy incorpora valores,
    componentes y dimensiones que ayudan a comprender las
    prácticas políticas nacionales como globales;
    brinda vías de esclarecimiento y discernimiento de los
    fines sociales de las mismas; permite identificar con
    carácter previsorio el desenvolvimiento
    de los procesos
    de crisis
    políticas, sus razones mas profundas, el rol de los
    diferentes sectores y clases
    sociales; y brinda pautas en el estudio de la
    interrelación economíapolíticaideología.

    Pero, más allá de su importancia
    estrictamente metodológica, la gobernabilidad se
    relaciona también con componentes cruciales de la vida
    política y social, lo que subraya su importancia
    metodológica, como son la capacidad de desarrollo
    de una sociedad;
    la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos
    internos; la calidad de
    vida de los ciudadanos; y la capacidad de sobrevivencia
    de un Estado ?
    Nación.

    La gobernabilidad
    democrática.

    La gobernabilidad, tal como la concebimos, es pues,
    esencialmente democrática y, por ende, es un concepto
    que sólo puede ser cabalmente entendido si se le ve
    dentro de una red de relaciones
    que conducen a una mayor o menor "gobernabilidad".

    Es apreciable la variedad de consideraciones en
    cuanto a que dimensiones tratar al abordar el concepto y la
    practica de la gobernabilidad de los sistemas
    políticos actuales. Ellos van al tratamiento de las
    formas organizativas, de mecanismos de funcionamiento, de
    búsqueda de equilibrios de intereses, enfocan la
    consideración social de la legitimidad del desempeño del gobierno,
    es decir, rondan en torno a
    componentes sustantivos para lograr un desempeño
    eficaz y legitimo de los sistemas políticos. Sin
    embargo, la práctica de la implementación de
    estos conceptos no logra llevar a vías de hecho el
    discurso.

    Más allá de los conceptos operativo y
    neo-institucionalistas, la gobernabilidad consiste
    fundamentalmente en la capacidad de una sociedad para
    enfrentar positivamente los retos, tensiones y oportunidades
    que se plantean en su entorno en un momento determinado, en
    esencia, la consolidación de la democracia, la construcción de mercados
    abiertos y competitivos, la superación de la pobreza y
    la reducción de las desigualdades.

    Si concebimos la democracia como un proceso,
    las estrategias para lograr una gobernabilidad
    democrática tienen que pasar por una
    reinvención del gobierno y de la ciudadanía, la reforma del Estado, la
    recomposición de la sociedad
    civil y el desarrollo de la capacidad de
    gobernación, para lo cual se cuenta con recurso como
    las instituciones existentes (capital
    social) y las capacidades de gobierno disponibles.

    Esta tarea -nada fácil, pues pasa por una
    serie de acciones
    que alteran los equilibrios tradicionales y enfrentan un
    conflictivo proceso social de aprendizaje
    así como la resistencia de los perdedores ciertos frente
    al apoyo de los ganadores difusos- implica cambios de
    estructuras de acción colectiva, modelos
    mentales, valores, actitudes,
    capacidades y equilibrios de poder; generación de
    acuerdos y consensos que construyan masa crítica de opinión y voluntad
    política; creación de una estructura
    social compleja de relaciones sociales horizontales,
    diferentes, interrelacionadas, de confianza mutua y
    compromiso cívico; y
    una participación democrática, eficiencia
    económica y cohesión social.

  2. GOBERNABILIDAD.

    La sociedad civil en América
    Latina es la realidad que se ubica entre el Estado,
    el mercado y
    la sociedad: un entramado que para las nuevas democracias
    latinoamericanas y la gestión política sigue
    adquiriendo cada vez mayor relevancia, y que, asimismo,
    encuentra su justificación en el entramado social y
    político en el cual se desenvuelve hoy el desarrollo
    político de América Latina.

    La emergencia de la sociedad civil es un dato de la
    mayor relevancia, especialmente en América Latina, una
    región donde ha predominado históricamente la
    sujeción y el moldeamiento de la sociedad desde el
    Estado, a través de la imposición de sistemas
    políticos elitistas y excluyentes y sin
    tradición ni arraigo en la región y más
    tarde con el predominio del populismo en
    la política estatal, que movilizó a la sociedad
    tras metas nacionales que no contemplaron ni la
    autonomía social ni la diversidad cultural.

    En América Latina, las organizaciones
    más democráticas y dinámicas de la
    sociedad civil son las defensoras de los derechos y
    las demandas que no han sido adecuadamente atendidas por el
    Estado.

    Entre ellas, las que han ejercido mayor influencia
    han sido las que han aplicado estrategias "reformistas" o
    "colaboracionistas" con el sector
    público.

    El caso del Perú es, sin embargo, una
    excepción. En mayor o menor medida, ha existido
    siempre tal concentración de poder en el Presidente y
    tanta debilidad de los otros poderes , especialmente el
    judicial, que muy pocas organizaciones de la sociedad civil
    han tenido hasta ahora realmente influencia. Pero, la
    existencia en el Perú de una sociedad civil vasta y
    diversa pero frágil, debe ser entendida en contraste
    con la tradición estatal autoritaria y excluyente de
    la sociedad nacional.

    Si bien en América Latina nunca
    existió un "Estado de Bienestar" a la europea, la
    construcción estatal en la región fue la
    vía para la movilización e integración de diversos sectores
    nacionales y encabezó las tareas del desarrollo. El
    neoliberalismo en el continente ha sido la herramienta
    ocupada para desmantelar los servicios
    sociales que el Estado había logrado construir,
    expandir las relaciones mercantiles hasta los más
    recónditos espacios de la sociedad, permitir la
    desregulación de las relaciones
    laborales y abrir la puerta a los capitales
    transnacionales. Cada una de las crisis económicas
    cíclicas se ha convertido en una oportunidad de
    profundizar la dependencia exterior y hacer avanzar el
    modelo
    privatizador y excluyente. Esa es la situación actual
    en la mayor parte de los países y, notoriamente en los
    tres grandes países de América Latina: México, Brasil y
    Argentina.

    Por ello, no se puede discutir sobre la sociedad
    civil sin tomar en cuenta una característica
    básica: sociedad civil es un concepto relacional. Su
    fuerza, su
    forma, sus espacios de acción, todo ello queda
    vinculado con la actuación del Estado. Quien habla de
    sociedad civil, también tiene que hablar del Estado
    (Schedler, 1996, p. 238). Por ello, para muchos el objetivo
    ideal es lograr en las sociedades
    simultáneamente una sociedad civil y un Estado
    fuerte.

    Así, el principal reconocimiento de la
    sociedad civil debe darse desde el estado y la
    política. Partidos
    políticos y gobiernos, legisladores y autoridades
    tendrán que reconocer ese espacio que no controlan, ni
    deben subordinar, como un espacio legítimo en la
    formación de la conciencia
    y las decisiones públicas. Esto dependerá
    también del auto reconocimiento de los propios actores
    de la sociedad civil.

    La autonomía y la superación del
    corporativismo, el clientelismo, el asistencialismo y
    paternalismo estatal en relación a la sociedad, en
    especial hacia los grupos pobres
    y marginados, provendrá también de la propia
    actitud de
    estos grupos.

    Tampoco se puede discutir de sociedad civil sin
    tener en cuenta que la expansión de la democracia en
    América Latina ha llevado consigo una mayor
    pluralización y multiplicación de los actores,
    lo cual a su vez implica crecientes retos para los procesos
    de legitimación del poder y
    representación de intereses. Asimismo, que, casi
    paralelamente a esta irrupción de nuevos actores en
    los espacios de intermediación política, se ha
    gestado una crisis de los partidos políticos a causa
    de su poca capacidad para generar apoyo y su bajo rendimiento
    en el procesamiento de los intereses de la
    ciudadanía.

    A pesar de contar en parte todavía con
    democracias frágiles y sujetas a procesos de ajuste de
    primera y, en menor medida, de segunda generación, las
    sociedades latinoamericanas vienen dando pasos importantes de
    la fase de transición a la democracia -momento de los
    partidos políticos- a la fase de consolidación
    -momento de la sociedad civil-, es decir, de la
    democratización política a la
    democratización social, haciendo hincapié en la
    cohesión social y la expansión de la
    ciudadanía.

  3. SOCIEDAD
    CIVIL.

    Echevarria Ariznabarreta , distingue dos
    categorías de reforma del Estado, las reformas
    sustanciales y las reformas institucionales. Las reformas
    sustanciales
    son aquellas que se concentran en el
    contenido de la acción pública, "redefiniendo
    su finalidad, objetivos y alcance". Las reformas
    institucionales
    son aquellas que "afectan el diseño y funcionamiento de las
    instituciones, es decir, la manera en que los poderes del
    Estado se organizan y articulan con el entorno para elaborar
    y poner en práctica las políticas
    públicas".

    La reforma del Estado, entonces, engloba dos
    problemas
    de naturaleza
    diferente, aunque profundamente relacionados. Por una parte,
    se trata de la definición de fronteras entre Estado y
    sociedad; y, por la otra, de la decisión y
    definición del modelo más adecuado para hacer o
    gestionar aquello que se ha definido como propio de la esfera
    estatal.

    Si bien el discurso y la práctica han
    adoptado una definición. Sin embargo, en el caso de
    las sociedades peruana y latinamoericanas, que se
    caracterizan por no tener aún un orden
    espontáneo, autoregulado y con capacidad de resolver,
    con prescindencia del Estado, la cuestión crucial de
    la coordinación social o las condiciones
    de la convivencia social pacífica, el Estado tiene una
    función que cumplir, y la sociedad
    civil el derecho y el deber de discutir cuál es el
    límite democráticamente consentido entre Estado
    y sociedad.

    Por ello, el debate
    más álgido ya no se plantea tanto en torno a
    "más o menos Estado", ni en términos de
    "reforma sí" o "reforma no", sino el tipo de
    concepciones democráticas en cada modelo de reformas.
    Así, el debate pasa por el tema de la participación ciudadana en las
    políticas públicas, tanto en términos
    del diseño de las mismas como en términos del
    tipo de controles (directos o indirectos) de la
    gestión pública a establecer. El debate gira en
    torno a la sociedad civil.

    En el marco de las llamadas "reformas de segunda
    generación" que apuntan al rediseño
    institucional, manteniendo un Estado pequeño pero
    fuerte, la reforma de la administración pública presupone
    transparencia en la
    administración pública y la
    ampliación del espacio de control
    social, es decir, la transformación de lo
    público ?y no el mercado autosuficiente- en el
    concepto orientador de la reforma. Pero, ello depende en gran
    medida de la autonomía relativa de la sociedad civil
    frente a las determinaciones que imponen dos procesos
    globales: la crisis del estado populista latinoamericano y su
    relación con los grupos
    sociales; y la imposición de modelos
    económicos neoliberales (mercados abiertos,
    concentrados, economías desreguladas).

    En el momento actual, la configuración de
    nuevos conceptos sobre políticas públicas, de
    una nueva gestión del Estado y de un relanzamiento de
    las reformas políticas indispensables para el
    «buen gobierno» (good governance) son
    caminos que llevan hacia una mayor «sensibilidad»
    (responsiveness) del quehacer político ante la
    ciudadanía.

    El resurgimiento de la sociedad civil se encuadra
    entonces en el triángulo formado por el nuevo papel
    del Estado a desarrollar en América Latina, un
    adecuado funcionamiento de los partidos políticos y la
    extensión de una nueva cultura
    política en la ciudadanía.

    Pero, no es la ejecución de proyectos, ni
    la "colaboración" con las políticas
    públicas lo que legitima el rol de la sociedad civil.
    Este surge sólo si es canal de expresión
    ciudadana, de defensa de los derechos de todos, limitando el
    espacio de la acción estratégica de los
    intereses económicos y el poder político. Por
    eso la sociedad civil no es un actor, sino un espacio de
    acción, donde confluyen y disputan orientaciones y
    proyectos diversos. Y ese espacio es el que debe antes que
    nada auto/reconocerse.

    Por ello, la búsqueda de una sociedad civil
    autónoma y desarrollada resulta de la mayor
    importancia para una sociedad que aspira a la creación
    de condiciones de gobernabilidad democrática.
    Sólo así se podrá revertir la tendencia
    a la privatización de lo público,
    expresada en el corporativismo, la despolitización y
    la corrupción.

  4. SOCIEDAD
    CIVIL Y NUEVA GESTIÓN PÚBLICA.

    Más allá de las discusiones sobre el
    grado de consolidación democrática alcanzado en
    América Latina, ha surgido una preocupación por
    la viabilidad de las nuevas democracias ante los signos de
    una crisis de representación y de
    intermediación presentes en los partidos y los grupos
    de interés. Desde allí se alimenta
    la petición del diseño de una gobernabilidad
    democrática que sea capaz de cohesionar las sociedades
    latinoamericanas con legitimidad y eficiencia con miras a los
    retos del futuro.

    Gobernabilidad, en este sentido, es un camino que no
    solamente busca alcanzar mayores niveles de rendimiento de la
    gestión pública, sino también ampliar
    los canales de participación popular en las decisiones
    políticas.

    Desde allí se abren las discusiones sobre una
    mayor calidad de la
    política democrática, es decir, nuevas
    relaciones entre los partidos políticos y la sociedad
    civil, la participación ciudadana no partidista en los
    diferentes niveles de gobierno y una mayor responsabilidad de la gestión
    pública ante los ciudadanos
    (accountability).

    Es decir, que un nuevo modelo de gestión
    política y pública en América Latina
    solamente podrá nutrirse de la interacción democratica y
    fructífera del Estado, el mercado y la sociedad civil,
    cuya tarea consiste en el desarrollo de nuevos lazos de
    relación que garanticen una mayor inclusión de
    intereses desde la sociedad civil y una intermediación
    más eficaz y auténtica por parte de los
    partidos en los diferentes niveles de decisión;
    así como nuevas formas de articulación entre
    actores sociales, partidos, instituciones públicas,
    empresa
    privada y gestores de la opinión
    pública.

    Los programas de
    ajuste estructural de la segunda generación enfocan el
    rediseño de las instituciones públicas.
    Después de la reducción del Estado se trata
    ahora de aumentar la eficiencia de la gestión estatal
    y modernizar el sector público. Se trata de que el
    Estado reformado disponga de mejores instrumentos
    administrativos y que recurra a alternativas eficientes y
    efectivas de la sociedad civil, «sector
    terciario», y del sector privado para la
    prestación de sus servicios.

    Esta apertura de la gestión pública
    hacia la sociedad se basa en la corresponsabilidad de los
    actores e instrumentos de supervisión y control adecuados para
    generar una nueva calidad en las relaciones entre instancias
    estatales y la sociedad civil. Por lo tanto, la reforma del
    Estado no puede limitarse al nivel de una
    modernización de la administración pública sino que
    debe replantear los esquemas de relacionamiento entre el
    Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Es decir,
    promover relaciones de gobernabilidad que no se limiten a la
    dimensión económico-financiera e integren las
    dimensiones sustantiva, social, política y
    administrativa.

  5. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y NUEVA
    GESTIÓN PÚBLICA.
  6. CONCLUSIONES.
  1. La relación de los regímenes
    políticos y la sociedad civil peruana y latinoamérica, se encuentra profundamente
    marcada por la primera generación de reformas
    administrativas que enfatizaron la dimensión
    económica financiera de los problemas nacionales, no
    brindaron una solución permanente a los problemas de
    desempeño y se convirtieron, por el contrario, en una
    manifestación de la informalidad en la administración pública y en un
    obstáculo para la gobernabilidad
    democrática.
  2. La economía no proporciona la respuesta a
    tales problemas, sino que se hace parte del problema. El
    Estado, por su parte, no tiene la capacidad para responder.
    Asimismo, el espacio de control social y la acción
    colectiva, elementos cruciales de las reformas de segunda
    generación, siguen siendo débiles.
  3. La gobernabilidad "democrática" contiene
    componentes cruciales de la vida política y social y
    debe entenderse e interpretarse dentro del contexto de redes de relaciones entre
    las entidades y sujetos involucrados en relaciones en ella
    sobre la base de la democracia como principio de legitimidad y
    como procedimiento.
  4. Las estrategias de la gobernabilidad
    democrática tienen pasan, entre otras, por una
    reinvención del gobierno y de la ciudadanía, la
    reforma del Estado y la recomposición de la sociedad
    civil.
  5. La sociedad civil encuentra su justificación
    en el entramado social y político en el cual se
    desenvuelve hoy el desarrollo político de América
    Latina, cuyos sistemas políticos se han caracterizado
    por una matriz
    estado céntrica.
  6. No se puede discutir sobre la sociedad civil sin
    tomar en cuenta que su fuerza, su forma y sus espacios de
    acción se hallan vinculados con la actuación del
    Estado. Por ello, el objetivo ideal es lograr en las sociedades
    latinoamericanas simultáneamente una sociedad civil
    autónoma y dinámica y un Estado
    eficiente.
  7. Tampoco se puede discutir de sociedad civil sin tener
    en cuenta que la expansión de la democracia en
    América Latina ha llevado consigo una mayor
    pluralización y multiplicación de los actores y
    los retos que ello representa para los procesos de
    legitimación del poder y representación de
    intereses.
  8. En las llamadas "reformas de segunda
    generación" la reforma de la administración
    pública y la nueva gestión pública
    presuponen la transformación de lo público ?y no
    el mercado autosuficiente- en el concepto orientador de la
    reforma.
  9. El resurgimiento de la sociedad civil se encuadra en
    el triángulo formado el adecuado funcionamiento de los
    partidos políticos, la extensión de una nueva
    cultura política en la ciudadanía y el nuevo
    papel del Estado a desarrollar en América Latina: una
    nueva gestión política y
    pública.
  10. La viabilidad de las nuevas democracias
    latinoamericanas depende de una gobernabilidad que sea capaz de
    superar la crisis de representación y de
    intermediación presentes en los partidos y los grupos de
    interés, trascender la matriz estado céntrica que
    pretende moldear a la sociedad civil y cohesionar las
    sociedades latinoamericanas con legitimidad y
    eficiencia.
  11. En esta tarea, las reformas de segunda
    generación resultan centrales. Ellas deberán
    implementar una nuevo estilo de gestión política
    y pública que eleve la capacidad de los funcionarios y
    entidades públicas para diseñar e implementar
    políticas públicas con el objeto de que respondan
    de manera democrática y adecuada a las demandas de los
    ciudadanos y generen valor
    público.
  12. Las reformas de segunda generación
    deberán desarrollar un nuevo estilo de gestión
    política y pública en América Latina
    solamente podrá nutrirse de la interacción
    democrática y fructífera del Estado, el mercado y
    la sociedad civil.
  13. El objetivo es una mayor gobernabilidad
    democrática y ésta sólo se consigue si se
    desarrollan nuevos lazos de relación que garanticen una
    mayor inclusión de intereses desde la sociedad civil y
    una intermediación más eficaz y auténtica
    por parte de los partidos en los diferentes niveles de
    decisión; así como nuevas formas de
    articulación entre actores sociales, partidos,
    instituciones públicas, empresa privada y gestores de la
    opinión pública.

BIBLIOGRAFÍA

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    "Reivindicación de la reforma administrativa:
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  11. Ernesto Rodríguez. Políticas
    Públicas de Juventud y
    Reforma del Estado en América Latina: un vínculo
    a construir. Documento de Trabajo
    presentado en el Simposium sobre "El Lugar de las
    Organizaciones Civiles en las Políticas Públicas
    de Juventud" (Tasco, México, 17 al 20 de octubre de
    2000) organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud, la
    Fundación Ford y la Universidad
    Iberoamericana, y en el V Congreso Internacional del CLAD sobre
    la Reforma del Estado y de la Administración
    Pública (Santo Domingo, República Dominicana, 24
    al 27 de octubre de 2000).
  12. Gonzalo De la Maza. ponencias realizadas por el autor
    en dos eventos
    internacionales. La primera, corresponde al paper presentado a
    la 4ª Conferencia
    Internacional de la International Society for Third Sector
    Research (ISTR). Dublín, 5 al 8 de julio 2000. El
    segundo, corresponde a la ponencia presentada en la Conferencia
    contra el racismo, la
    xenofobia y
    otras formas conexas de discriminación. Diciembre
    2000
  13. Peter Hengstenberg, Karl Kohut, Günther Maihold.
    Sociedad civil en América Latina: representación
    de intereses y gobernabilidad. FES/Nueva Sociedad, Caracas
    1999.
  14. Aldo Panfichi, Farid Kahatt, Mauricio Romero, Enrique
    Peruzzotti y Gonzalo De la Maza. Andean and southern cone reion
    report: Civil Society and Democratic Governance in South
    America -Document for Discussion ? Lima, January
    1999.

 

 

 

Autor:

Julio Álvarez Sabogal

 

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